Tal como sucedió con las becas Progresar o el Programa Conectar Igualdad, la iniciativa presentada por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti busca asegurar derechos para mujeres y diversidades en situación de violencia de género.
La norma busca seguir brindando acompañamiento psicosocial y asesoramiento legal y jurídico a personas que se encuentren en situación de violencia por motivos de género. De la misma forma, estipula acciones para evitar instancias que puedan revictimizar a quienes transitan un proceso judicial en materia de violencia de género garantizándoles un trato digno y respetuoso. La idea es facilitar el acceso a distintos programas y políticas del Estado Nacional, provinciales y municipales, para acelerar la coordinación y articulación de los mecanismos de asistencia inmediata para acceder a derechos económicos, sociales y culturales.
Un dato interesante que aporta el marco normativo es que también son destinatarias las personas del grupo familiar, o allegadas de la mujer o de la persona LGBTI+, en situación de violencia por motivos de género.
Valeria Encinas, Coordinadora Provincial del Programa en Mendoza (que depende del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad) explicó que “la herramienta nos permite trascender los mostradores, nos pone en contacto directo con el territorio y acerca las articulaciones necesarias para abordar las situaciones de violencia por motivos de género. Es una respuesta concreta desde el Estado y el número de casos abordados, acompañados y resueltos desde el 3 de junio de 2021 dan cuenta de lo efectiva y necesaria de esta política pública, es por esto que nos parece de suma importancia avanzar en convertir este programa en ley, y así garantizar una vida libre de violencias para todas y todes en nuestro país”.
A su vez, Fernández Sagasti, desde los argumentos legales, comentó que la norma contribuye a profundizar los compromisos asumidos por el Estado argentino respecto a las Convenciones Internacionales, como también fortalecer de manera coordinada con los diferentes niveles de gobierno acciones concretas para acercar soluciones. De hecho, “Mendoza es una de las cinco provincias que más casos atendidos tuvo, y lo que queremos es brindar jerarquía de ley a este programa que consiste en la creación de equipos interdisciplinarios especializados en todo el territorio nacional, para brindar asistencia y acompañamiento psicosocial y jurídico a mujeres y personas LGBTI+ para favorecer el acceso a derechos económicos y sociales, y fortalecer su acceso al sistema de justicia, que sabemos no siempre actúa con agilidad,” aportó la legisladora.
